Esta semana ha sido tema nacional la posición del Gobierno de cambiar de régimen a un grupo importante de personas que están condenadas por conflictos con la ley. Esto ha levantado una discusión que para algunos es ridícula, para otros atroz y para nosotros necesaria.
No es un secreto que la sensación de inseguridad ha aumentado y esto hace que un tema que al finalizar el Gobierno 2010-2014 dejase de ser tema hoy vuelva a la palestra, lo que comprueba que algo está pasando. El enfoque del Gobierno ha sido que hay suficiente inversión y que todo camina bien, no pretendo juzgar sus comentarios y acciones pero hay un llamado social que no debe pasar desapercibido en las autoridades, la gente se siente insegura.
Si al sentimiento descrito, le sumamos el enfoque que la prensa nacional y el mismo Gobierno con sus contradicciones entre Justicia y Seguridad, sobre la "liberación de presos" cuando es una cambio en la medida de ejecución de la pena pues no es de extrañar la sensación de pánico que se lee en redes sociales y en los comentarios llenos de resentimiento y odio.
Sinceramente creo que debemos preguntarnos algo más allá del tipo de privado de libertad que podrá acceder al cambio de medida de ejecución. Socialmente ya existe el estigma sobre la figura del privado de libertad, alguien que cometió un delito y fue encontrado en conflicto con la ley, sin embargo, se supone que la privación de libertad es una medida que pretende rehabilitar para la adaptación social una vez que esa persona cumpla la condena que tiene. Pero resulta que en gran medida las condiciones de vulnerabilidad que hicieron que cometieran el delito, no se solucionan desde la cárcel.
Por ejemplo, ¿hay suficientes privados de libertad estudiando para terminar su colegio? ¿Qué esfuerzo hace el INA realmente por certificar a esos privados de libertad en habilidades técnicas que sean requeridas por las empresas? ¿qué se hace desde el punto de vista del emprendimiento para que esas personas puedan desarrollar una idea productiva desde el penal? La respuesta a esas preguntas es que poco o nada. Ahí es donde yo creo que sistema fracasó rotundamente.
El proceso de reeducación para la adaptación y reinserción social es el secreto, para que a la sociedad no le de miedo que una persona que estuvo en conflicto con la ley sea parte de la sociedad y para que el tiempo de condena sea realmente efectivo para la persona que tiene que lidiar con la cárcel. Ya hoy existen algunas iniciativas interesantes, la empresa que hace los AMPO ensambla en el Centro De Atención Integral el Buen Pastor, son mujeres en conflicto con la ley las que arman los famosos y necesarios ampos. De igual forma, son privados de libertad los que ensamblan los pupitres que están en las escuelas públicas.
Desgraciadamente estos son casos aislados. Más empresas podrían emplear mano de obra que se encuentra en los penales y capacitar a esa misma mano de obra para que una ve que recuperen la libertad puedan seguir trabajando.
Nada hacemos con que los privados de libertad terminen en centro abiertos sus condenas, con la condición de que trabajen o estudien, si para el trabajo les van a pedir la hoja de delincuencia que queda manchada por diez años luego de terminada la condena, por ende hoy nadie les da trabajo fuera del penal porque se refuerza el estigma social. El sector privado debe replantearse la necedad de pedir la hoja de delincuencia, y el Estado debe reestructurar el tema de la vigencia de la hoja por tantísimo tiempo (el de condena más los diez años). De igual forma, nada hacemos con que la condición sea que estudien, si los centros de estudio les cierran las puertas.
Se pidió un crédito para generar unidades productivas en los penales de hombres (se excluyó el Buen Pastor, lo que desde nuestro punto de vista es un error) y todavía no se ha ejecutado. Acá el Gobierno tiene que ser efectivo y dar respuestas. Ya es hora de que se trabaje articuladamente, hay muchas instituciones privadas que están dispuestas a ayudar a que se generen alianzas para dar solución integral al problema.
Finalmente, las discusiones dentro del Gobierno están bien, pero no se vale que una vez que el Consejo de Gobierno toma una decisión haya fisuras y discrepancias que expongan al Presidente y golpeen su ya mala imagen. Las acciones de Estado son articuladas e integrales, se dan por un equipo y no puede ser posible que se de la imagen de desautorizar al Presidente desde cualquier despacho ministerial.
Este es un tema donde todos tenemos que aportar. Uno no debería juzgar tan fácilmente a la persona que terminó en la cárcel, ya que uno no sabe que situación tan peculiar lo hizo delinquir y menos pensar que todos las personas que se encuentran en conflicto con la ley, son villanos tipo Hollywood que van a salir a vengarse de la sociedad, por un lado no podemos ser paranoicos eso genera caos social y nuestra sociedad ocupa todo lo contrario y segundo, ninguno de nosotros sabe si en algún momento, un familiar o un amigo o nosotros mismos terminaremos ahí... Ninguno de nosotros sabe lo que se vive ahí dentro... ninguno se enfrenta a la soledad y el frío de la cárcel....
(La foto es de las conclusiones que dieron personas privadas de libertad en un taller desarrollado hace un par de semanas en un centro penal...)
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